Régimen de desarrollo establecido en la Constitución 2008



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Régimen de desarrollo establecido en la Constitución 2008

Efraín Pérez



La Constitución económica 2008
La Constitución de 2008, se aparta del esquema tradicional de abordar temas específicos en secciones y más bien contempla estos aspectos desde diversas perspectivas en diferentes partes.
“Las principales cuestiones que conciernen al modelo económico son la definición del Estado y su participación en la economía, el derecho de propiedad, la planificación, las finanzas públicas y la deuda, el orden tributario”.1 Según este autor, se “propone sustituir la definición del sistema económico vigente por el de economía solidaria”.2 En consecuencia, analiza la planificación y finanzas estatales, la propiedad y el “derecho de mercado”. Dentro de las finanzas estatales se contemplan los componentes del presupuesto público, especialmente la política fiscal, los tributos, la deuda pública. Por otro lado, en concordancia con la tradición constitucional ecuatoriana y la doctrina del Derecho Público, se atribuye al Ejecutivo “la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera”.3
El título de este artículo considera los aspectos económicos contemplados en la Constitución 2008 para alcanzar sus finalidades, descritas como el “buen vivir”, sumak kawsay, a través de la solidaridad, para lo cual establece un esquema institucional sustentado en la intervención acentuada del Estado en la economía, con énfasis en la producción y recursos nacionales.

Esquema del Régimen de Desarrollo de la Constitución ECONÓMICA 2008

El régimen de desarrollo de la Constitución ecuatoriana se sustenta en una mayor intervención del Estado en la economía y en los diferentes mercados.


El principio de la actividad económica es la solidaridad y su fin es alcanzar el buen vivir, sumak kawsay para la población. Así, por ejemplo, los servicios públicos se orientan “a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad”, garantizando la Constitución en la ejecución de los servicios públicos “la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.”4
Pero la Ley Suprema todavía reconoce como “el más alto deber del Estado… respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.5
El Estado amplía el ámbito del dominio público, a través de nuevas competencias y controles sobre patrimonios diversos, que no necesariamente le otorgan la propiedad tradicional sobre los bienes involucrados.
Se establece una administración exclusiva de un conjunto de actividades y de bienes, calificados como “estratégicos” y servicios públicos y su aprovechamiento y explotación directa por intermedio de empresas públicas, así como de “empresas mixtas” y la “economía popular y solidaria”.6 No se descarta la delegación a las empresas privadas, que opera de manera excepcional. No obstante, se determinan operaciones vedadas a los particulares, como las relacionadas con el suministro de agua.7
Adicionalmente, las empresas públicas también expanden sus actividades para competir con las empresas privadas en todos los ámbitos de la economía. La Constitución atribuye funciones a la empresa pública minera, que ha sido creada8 al amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.9
El sector privado de la economía conserva la libertad de para desarrollar sus objetivos económicos y la garantía para el disfrute de sus derechos reconocidos por la Constitución, pero el Estado dicta pautas que orienten la producción hacia metas consideradas deseables, así como interviene en los diferentes mercados para orientarlos en sentidos determinados.
No pueden asumir la titularidad de un ministerio de Estado personas vinculadas con empresas que mantengan relaciones contractuales con el Estado “para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales”10, ni tampoco pueden las personas que hayan ocupado esa titularidad ocupar cargos en empresas contratistas del Estado.11
La Constitución consagra la preferencia por la producción local.12
Se conservan con ciertos matices las responsabilidades que la anterior Constitución atribuye a los particulares en el desenvolvimiento de sus actividades económicas.
Las empresas privadas delegatarias o concesionarias del Estado, las que actúan en ejercicio de una potestad pública y aquellas que prestan servicios públicos “impropios” responden por sus acciones u omisiones, sea por “violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos,…”,13 por la calidad defectuosa de la mercadería o discrepancia entre su oferta publicitada y el producto que se entrega.14 También puede demandarse contra los particulares la “acción de protección” en caso de vulneración de derechos constitucionales “si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.”15

Elementos de la Constitución económica 2008




El buen vivir, sumak kawsay

“… la Constitución ecuatoriana del 2008,… se plantea un modelo de economía solidaria que reconoce al ser humano como centro de la economía, lo cual se denota desde la estructura de los capítulos y la inclusión de conceptos novedosos.” 16


En Ecuador, con la Constitución del 2008, se enmarca la intervención del estado en esta última tendencia, en la que el gasto social es elevado y el estado juega un papel importante en la economía regulando y generando políticas que buscan eliminar prácticas de competencia desleal o abuso de posición de dominio de mercado”.17 Afirma que la Constitución de 2008 reconoce nuevas formas de propiedad, que no eran consideradas anteriormente –esto fue en efecto reformulado en la Constitución de1998. Afirma que” las grandes empresas no son los únicos actores del mercado, sino que existe una diversidad de protagonistas y formas de propiedad, por lo cual ya no se utiliza el genérico empresas sino unidades económicas o productivas.” Asimismo, manifiesta que “no se considera que el crecimiento económico no sea importante, sino que debe ser paralelo a la generación de oportunidades, a la capacidad de la población a mantenerse nutrida y con buena salud, con acceso a la vivienda y a los servicios básicos, para lo cual es necesario el planteamiento de políticas tributarias que faciliten la redistribución y estimulación del empleo (Arts. 300, 48, 281)”.18

La Constitución 2008 eleva a categoría constitucional el principio ético, de la “vida buena”, que ocupó a Aristóteles en su “Ética a Nicómaco”. Aristóteles define la “vida buena” como aquella que desarrolla el espíritu de acuerdo con la virtud, definida desde el punto de vista intelectual y moral. Una cualidad fundamental para alcanzar la vida buena es la libertad para tomar sus propias decisiones conforme los planes de vida trazados. La declaración de independencia de los Estados Unidos proclama como una “verdad auto-evidente”, entre los derechos inalienables del ser humano: “derecho a la Vida, a la Libertad y a la búsqueda de la Felicidad”.19 En la actualidad, Rawls define “el bien de una persona como la lograda ejecución de un proyecto racional de vida… “, para lo cual se requiere, entre otras cosas “unos medios más amplios para conseguir esos fines”.20 Las discrepancias que se encuentran en la filosofía y la ética contemporánea se refieren principalmente al contexto político dentro del cual se deben desarrollar estas “visiones de la vida buena” que, según Habermas, “…son el núcleo de las autocomprensiones personales o colectivas … De las discusiones éticas acerca de la valoración de estilos de vida y formas de vida en competencia no podemos esperar razonablemente otra cosa que el disentimiento unilateral de los participantes en ellas”, pero contrapone: “… cuando se trata de cuestiones de justicia política y de moral esperamos –en principio— respuestas universalmente vinculantes”.21


Resulta unánime a la presente fecha el concepto de libertad, inseparablemente ligado con el desarrollo social y económico de los pueblos, como lo expone el economista Amartya Sen, premio Nobel de Economía.22
En el área andina, con diferentes expresiones en quichua, se recogen nociones generales sobre el “Buen vivir”, que han sido recogidas y sistematizadas por un filósofo alemán, que las presenta como un Weltanschauung,23 traducido con el término de cosmovisión.
Se ha considerado el paralelo del buen vivir de la Constitución 2008 con los derechos sociales en la Constitución 1998, estimándose que el concepto jurídico del sumak kawsay incluye las referencias a tales derechos sociales, pero se añade: ““El derecho a la propiedad y a la familia, en la nueva Constitución, se encuentra en la clasificación de derechos de libertad y los derechos de los grupos vulnerables pasan ahora a ser derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. … se podría supone que los ocho restantes son nuevos: el derecho al agua, a la alimentación, a un ambiente sano, a la in formación, a la vivienda, al hábitat, a la recreación, al tiempo libre, entre otros”.24
La Constitución boliviana se refiere al mismo concepto, en términos quichuas con diferentes palabras: “En el caso boliviano, la participación de las grandes mayorías indígenas promovió la inserción de los denominados “principios ético- morales de la sociedad plural”, entre ellos, el suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa) o el teko kavi (vida buena)”.25
“… los derechos del buen vivir constituyen el objetivo del Régimen de Desarrollo y, por lo tanto, en relación con la Constitución de 1998, se ubica a los derechos contenidos en esta clasificación en el centro de las políticas de desarrollo del Estado.26
Los regímenes económicos y de desarrollo se contemplan principalmente en los títulos VI Régimen de Desarrollo y VII Régimen del Buen Vivir de la Constitución, pero existen múltiples referencias a estas cuestiones en otros títulos del texto constitucional. Los “derechos del buen vivir) se contemplan en otro apartado (Tít. II, capítulo II, artículos 12 – 34).
Una de las manifestaciones del reconocimiento de la plurinacionalidad es el concepto amplio de “buen vivir”, sumak kawsay, acogido en el texto constitucional, que abarca:
“El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte.”27
Por otra parte la referencia a los derechos de alimentación y de vivienda, son figuras que ya constan en la Constitución de 1998, con una reformulación más progresista en la Constitución de 2008.

El régimen económico

Los enfoques descritos modifican los tradicionales acentos de la economía en la actividad privada y atribuye una mayor proporción del desarrollo a las inversiones públicas.


Las principales instituciones para este desarrollo son las empresas públicas y el sector comunitario de la economía. Esto es especialmente cierto en el campo de las actividades relacionadas con los sectores estratégicos y los servicios públicos, cuyas actividades productivas corresponden en régimen monopólico a las empresas públicas, aunque se contempla también la intervención de empresas “mixtas”, con mayoría de capitales públicos y, en forma excepcional, de las empresas privadas.

La contratación

Las relaciones del Estado con el sector privado se manifiestan principalmente en su adquisición de bienes, obras y servicios, que están regidas principalmente por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP),28 pero en forma creciente se desplegarán al amparo de los convenios, consorcios y alianzas estratégicas de las empresas públicas, conforme las normas específicas que se estipulen en los acuerdos respectivos, conforme lo autorizado por la Ley Orgánica de Empresas públicas, normativa contractual no sujeta a la LOSNCP.


Tanto la libertad de contratación cuanto la libertad de trabajo se encuentran reconocidas en la Constitución 2008,29 en iguales condiciones que en la reforma y codificación constitucional de 1998. Se conserva igualmente la restricción de la denominada “Cláusula Calvo”, que impone la renuncia a toda reclamación diplomática por parte de contratistas extranjeros.30
Tampoco existen mayores cambios en las restricciones de contratistas del Estado para optar por cargos de elección popular31 o para ser ministros de Estado32. Los candidatos a posiciones de votación popular no pueden contratar publicidad en forma directa.33 Una vez electos, los asambleístas se encuentran impedidos de celebrar contratos con entidades del sector público. Quienes hayan sido ministros no podrán ocupar cargos en empresas contratistas del Estado durante los siguientes dos años con posterioridad a su cesación en el puesto.34
Los grupos financieros no pueden adquirir ni tener participación económica o financiera de cualquier índole en medios de comunicación social.35
El arbitraje privado tampoco sufre modificaciones en la Constitución 2008, con la salvedad del arbitraje en equidad para la deuda pública, conforme la interpretación de la Corte Constitucional.36
La Constitución 2008 prohíbe la suscripción de nuevos tratados que comprometan al país en arbitrajes internacionales, pero autoriza las “instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios”. También excluye la participación de árbitros de la ciudadanía de la contraparte.

La empresa pública

El carácter de medida sustitutoria que tiene la creación de la empresa pública se manifiesta en el razonamiento esgrimido para la intervención estatal con empresas públicas determinadas en el área de las industrias básicas, como requerimiento de formación de infraestructura productiva que no podría desarrollarse por las solas fuerzas del mercado. Parte de este esquema resulta también en la creación de empresas públicas con la finalidad de suministrar al mercado bienes de uso que de otra manera no se producirían.


Dentro de este enfoque intervencionista moderno, los Estados, como se manifestó, manejan medidas sustitutivas de las insuficiencias de los mercados frente a una débil acumulación de capital. En Ecuador, el "Plan Integral de Transformación y Desarrollo 1973-1977" del "Gobierno Revolucionario y Nacionalista", definió como una de sus políticas de desarrollo: "Crear empresas estatales y de economía mixta en los sectores que más lo requiera el proceso de desarrollo..." (p. 73). Otro tipo de intervención enfrenta con medidas de compensación las irregularidades que se producen en el mercado. En este respecto, el Plan citado manifestaba: "La acción inmediata del Ministerio de la Producción estará dirigida a superar esta deficiencia (en la comercialización de alimentos) creando o reforzando empresas especializadas para el mercadeo" (p. 115).
En este contexto se estructuraron las empresas públicas "Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización (ENAC) y Empresa Nacional de Productos Vitales (ENPROVIT) a inicios de los años setenta. El "Catastro de Empresas Estatales" de la extinguida Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo (SENDA), de 1990, enumera algunas otras actividades asignadas a las empresas "operando en el marco de las reglas del mercado" como el desarrollo regional o "el manejo de actividades estratégicas para la integridad y seguridad del desarrollo nacional". El documento de SENDA cita criterios de quienes afirman que al Estado "le corresponde el asumir un número creciente de responsabilidades y de organización de la vida económica, política y social". No corresponde a la naturaleza de esta obra el calificar cuán bien o mal el Estado ecuatoriano ha desempeñado estos cometidos.
Vessillier describe finalidades que se atribuyen a las empresas públicas:
I B) Utilización de estas empresas (empresas públicas que no prestan un servicio público) como instrumento de política económica y social

...

- Como instrumento estructural para promover la ordenación del territorio.

...

- Como instrumento coyuntural para colaborar en la regulación económica: ritmo de las inversiones y, sobre todo, freno del alza de precios, efecto que afecta a otros productores del sector a través del juego de la competencia*.
Así se manifiesta el doble carácter del derecho, que por una parte organiza los procesos y facilita su desenvolvimiento con el aporte de figuras jurídicas como el contrato, la propiedad privada, la propiedad intelectual, etc. Por otra parte, estos y otros instrumentos legales y administrativos son utilizados para intentar influir y presionar en los eventos del mercado que regula, con la finalidad de conseguir objetivos determinados de política social. Esta orientación, se convierte en otro justificativo para la existencia de la empresa pública, como instrumento de los mecanismos económicos del Estado para combatir o paliar los efectos de la crisis. Cabría analizar hasta donde estos ambiciosos objetivos se han cumplido en el Estado moderno o por lo menos en el Estado ecuatoriano.
La Constitución 2008 atribuye al Estado la creación de empresas públicas, pero la Ley Orgánica de Empresas Públicas asigna esta potestad al Ejecutivo, que las constituye por Decreto Ejecutivo. Sus finalidades son: “la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas.”37 Adicionalmente tienen monopolio para la gestión del agua y el “servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego”.38 Más adelante se desarrollan estas enumeraciones de sectores estratégicos y la concepción de la prestación de servicios públicos.
Las empresas públicas se encuentran autorizadas a integrar “empresas mixtas” con mayoría accionaria estatal para “la participación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos.”39
De manera expresa la Constitución 2008 dispone que el suprimido Fondo de Solidaridad transforme las sociedades mercantiles bajo su control en empresas públicas.40 También ordena la creación de empresas públicas transformación de la Editora Nacional y del Registro Oficial en empresas públicas.41
La Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) contempla la existencia de empresas nacionales y regionales, incluyendo empresas públicas constituidas por universidades. Las empresas nacionales son de competencia exclusiva del Estado.42
Los fondos de las empresas públicas se manejan en cuentas especiales del Banco Central.43
Los asambleístas no pueden integrar los directorios de las empresas públicas.44
Se consigna expresamente la responsabilidad de la empresa pública a cargo del Estado de “los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados.”45



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